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El pasado 1 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (en adelante, RD Ley 28/2018), el cual ha supuesto la introducción de importantes modificaciones en materia de pensión de jubilación.

En este sentido resulta interesante destacar, por lo desapercibida que pudiera pasar, que esta reforma afecta directamente al régimen jurídico aplicable a las pensiones de jubilación que traigan causa, entre otros supuestos, de una jubilación parcial acogida a la antigua Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Debe tenerse en cuenta que, con anterioridad a la aprobación del RD Ley 28/2018, el régimen jurídico aplicable al cálculo de la pensión de jubilación ordinaria tenía en cuenta, para determinar la base reguladora de la pensión de jubilación ordinaria, las bases de cotización devengadas por el sujeto causante durante los últimos 15 años de su vida laboral.

Sin embargo, la legislación vigente en materia de pensiones de jubilación tiene en cuenta para aquellas pensiones a las que se acceda en 2018 o 2019, las bases de cotización devengadas por los sujetos causantes en los 21 y 22 últimos años de vida laboral, respectivamente.

Esta diferencia de criterio a la hora de determinar el régimen jurídico aplicable (esto es, la Ley 40/2007 o la Ley 27/2011) puede llegar a suponer una merma importante en el importe final a percibir en concepto de pensión de jubilación ordinaria.

Todo ello teniendo en cuenta que, en contra de lo que muchos pudiesen pensar, cuando los jubilados parciales acceden a la situación de jubilación ordinaria, la pensión que por este concepto pudiese corresponderles, se vuelve a recalcular tomando como base los 15 últimos años cotizados, entre los cuales se encuentra los 4 años en los que el pensionista se encontraba en situación de jubilación parcial.

Circunstancia esta que determinaba, en aquellos supuestos en los que los futuros pensionistas, han tenido sus bases de cotización más altas con anterioridad a cumplir los 50 años de edad, que dichas bases de cotización se queden fuera del cómputo para determinar su pensión de jubilación ordinaria.

Así pues y tal y como hemos podido constatar desde nuestra firma, la diferencia de criterio a la hora de aplicar el régimen jurídico previsto en la Ley 40/2007 o la Ley 27/2011 puede llegar a suponer el incremento de la pensión de jubilación ordinaria en 500 euros mensuales.

Siendo por tanto lo más recomendable tratar estas cuestiones con profesionales que analicen las concretas circunstancias de cada caso, lo que a su vez permitirá la adopción de la opción más beneficiosa para los intereses de cada sujeto.