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Seguro que muchos de ustedes se preguntan por el devenir de Banco Popular ante el continuo reguero de información -o desinformación, según como se mire- sobre la resolución de la entidad, la recuperación de las inversiones perdidas, la gestión bajo la batuta de los últimos presidentes, la investigación de la Audiencia Nacional, la intervención del FROB, la Junta Única de Resolución (JUR), Deloitte y otros muchos a los que el destino de Banco Popular ha puesto en la palestra.

Qué está pasando es una de las preguntas que con mayor frecuencia me formulan y que, con carácter muy genérico, voy a tratar de responderles en las próximas líneas. Banco Popular se resolvió en el mes de junio de 2017 por considerarse inviable y el negocio fue adquirido por Banco Santander. Inversores que ostentaban una participación relevante en el capital de la entidad iniciaron su batalla en sede administrativa, frente a las decisiones de la JUR y el FROB.

La falta de transparencia es una de las cuestiones que con mayor insistencia ha sido comentada y pretendía resolverse con la revelación de los informes de valoración, entre ellos uno realizado por Deloitte, en los que se basó el organismo europeo para decidir resolver la entidad. Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, ha reavivado la llama e insuflado una buena dosis de energía para seguir peleando por obtener más información.

En primer lugar, porque la versión no confidencial del informe recién revelada omite buena parte de la información que supuestamente se valoró a efectos de tomar la decisión de resolver, dejando así a los inversores huérfanos de información para la mejor defensa de sus posiciones. En segundo lugar porque la propia JUR reconoce, además de la provisionalidad y limitaciones de las valoraciones realizadas, que en el momento de la resolución Banco Popular no era insolvente.

A pesar de las posibles incoherencias en las que pueda haberse incurrido por parte de los organismos públicos involucrados en el proceso de resolución, se antoja complicado que los recursos formulados en el ámbito administrativo puedan finalizar con una anulación de la resolución de Banco Popular que, dadas las circunstancias concurrentes, parece irreversible.

Eso sí, esta batalla que acapara todas las miradas en estos momentos servirá para poner entre las cuerdas a los participantes y obtener información que pueda ser utilizada para la defensa de los inversores en otras sedes.

 Qué puedo hacer es la que pregunta que sigue a la anterior. Teniendo en cuenta que la preocupación nace por la pérdida de las inversiones, lo primero que deben tener claro es que es no todos los afectados se encuentran en la misma situación frente a una potencial reclamación judicial.

Aquellos inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016 se perfilan como los afectados que mayores posibilidades tienen de recuperar la inversión. Sin embargo, para ello es necesario justificar que la información económica que sobre la propia entidad se puso de manifiesto a los inversores no era veraz ni completa.

En otro grupo de afectados ubicamos a los que eran titulares de deuda subordinada de Banco Popular y que, del mismo modo que sucedió a los accionistas, sus posiciones fueron amortizadas con la resolución de la entidad. Estos inversores tienen abierta la vía de la nulidad por la complejidad del producto, sometiéndose la resolución de la cuestión a los parámetros jurisprudenciales que ya fueron desarrollados a propósito de otros casos anteriores, al margen de lo que se decida respecto a la situación económico financiera de Banco Popular en el momento de la ampliación de capital y la resolución.

Son los accionistas en virtud de compras anteriores quienes mayores dificultades tendrán para recuperar su inversión, si quiera por la vía civil. En este caso el procedimiento penal puede ser una buena alternativa.

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